Diputado de Morena en Baja California pide hasta 12 años de prisión por filtrar audios de Marina del Pilar
Juan Manuel Molina respalda a la gobernadora y atribuye la filtración a una supuesta trampa política de Jaime Bonilla
El diputado de Morena en Baja California, Juan Manuel Molina García, solicitó una pena de hasta 12 años de prisión para quienes filtraron audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria ha señalado que esta filtración es parte de una trampa orquestada por su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, aunque hasta ahora no hay ninguna autoridad que haya confirmado la responsabilidad del exgobernador. Este conflicto político se desató tras la difusión de conversaciones relacionadas con la cancelación de la visa estadounidense de Marina del Pilar, registradas durante 2025.
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Contexto y repercusiones del caso
Las acusaciones contra Jaime Bonilla
La gobernadora Marina del Pilar denunció que Jaime Bonilla le tendió una trampa al ofrecerle ayuda para resolver la cancelación de su visa estadounidense. Durante una conferencia de prensa el 15 de julio, la mandataria explicó que Bonilla le propuso ponerla en contacto con personas que supuestamente podrían orientarla sobre su situación migratoria. Sin embargo, la gobernadora afirmó que los fragmentos filtrados de estas conversaciones fueron sacados de contexto y difundidos parcialmente.
Bonilla Valdez ha negado cualquier participación en la grabación o filtración de los audios y también rechazó tener relación con las personas involucradas en los acercamientos.
¿Qué se escucha en los audios?
Los audios corresponden a llamadas en las que Marina del Pilar conversa con individuos que se presentan como contactos o agentes en Estados Unidos. En estos fragmentos, se mencionan posibles procedimientos judiciales y reuniones de seguridad, lo que generó polémica sobre la naturaleza y el propósito de estas conversaciones.
La gobernadora aclaró que su disposición a escuchar no implicó negociar o poner en riesgo la seguridad y soberanía del país. “Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá entrega de información ni decisiones que comprometan la seguridad nacional”, afirmó tras la solicitud de aclaración por parte de Claudia Sheinbaum, presidenta nacional de Morena.
Posición del diputado Juan Manuel Molina y el marco legal
Juan Manuel Molina García respaldó a Marina del Pilar y pidió que la filtración sea investigada a fondo. Según el diputado, la divulgación de información obtenida a través de la intervención de comunicaciones privadas puede ser sancionada con penas de seis a 12 años de prisión, conforme al Código Penal Federal.
Molina también sostuvo que en las grabaciones se identifica una voz que atribuyó a Jaime Bonilla, aunque hasta el momento no existe un peritaje oficial que confirme la autenticidad de esta afirmación. Su postura se dio a conocer después de que el analista político Juan Ortiz difundiera un video con sus declaraciones sobre las posibles consecuencias legales del caso.
Investigación y dudas pendientes
Hasta ahora, ninguna autoridad ha concluido quién fue responsable de grabar o filtrar las conversaciones. Tampoco se han presentado pruebas técnicas que identifiquen a las personas que aparecen en las grabaciones o quién entregó los audios para su difusión pública.
Este caso ha profundizado la división política dentro de Morena en Baja California y ha escalado a nivel federal, donde Claudia Sheinbaum pidió una explicación pública sobre el contenido y contexto de las grabaciones.
Para que se apliquen sanciones penales, es necesario que se realicen investigaciones formales y se presenten pruebas contundentes. Mientras tanto, las acusaciones continúan siendo parte del debate político y no de procesos legales concluidos.
En el marco de la legislación mexicana, la privacidad y la protección de las comunicaciones son temas regulados por el Código Penal Federal y la Constitución. Para más información sobre estos derechos y responsabilidades, es posible consultar los documentos disponibles en el sitio oficial del gobierno mexicano, gob.mx.
Este caso refleja la complejidad de las disputas políticas y la importancia de la transparencia y la legalidad en el manejo de información sensible en la esfera pública.
